España aprueba su proyecto de ley de IA: AESIA al mando y multas de hasta 35 millones

El Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial. Conviene subrayar la palabra “proyecto”: no es una norma en vigor, sino un texto que el Gobierno remitió a las Cortes el 12 de junio para su tramitación parlamentaria. Hasta que ese trámite termine —si termina— no impone ninguna obligación nueva. Para un autónomo o una micropyme que desarrolle, comercialice o use IA, la noticia importa por dos motivos muy concretos: adelanta quién será la autoridad encargada de vigilar y da el orden de magnitud de las sanciones.

Qué se aprobó y cuándo

El texto salió del Consejo de Ministros el 26 de mayo de 2026 y el 12 de junio se remitió a las Cortes. A partir de ahí sigue el recorrido habitual de cualquier proyecto de ley: debate, posibles enmiendas y votación en las Cortes. Eso significa que el contenido puede cambiar durante la tramitación y que la fecha de entrada en vigor está, a día de hoy, sin fijar.

El proyecto se presenta como un marco de “buen uso y gobernanza” de la IA. Sus tres piezas principales son la designación de la autoridad de supervisión, la regulación del sandbox nacional y el régimen sancionador.

AESIA al mando, con la AEPD en biometría

La primera decisión de fondo es institucional. El proyecto consolida a la AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial) como autoridad central en la materia. Es la referencia que un autónomo debería tener en el radar: si en el futuro hay registros, inspecciones o expedientes ligados a la IA, esa es la ventanilla.

Hay una excepción relevante: en biometría, la AESIA compartirá competencias con la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). Para quien trabaje con datos biométricos —por ejemplo, reconocimiento facial o huella para control de acceso o fichaje—, eso implica que puede haber dos autoridades implicadas, no una.

El proyecto también regula el sandbox nacional, el entorno de pruebas supervisado pensado para ensayar sistemas de IA bajo control antes de sacarlos al mercado.

Las multas: hasta 35 millones o el 7 % de la facturación

El titular que más ruido hace es el sancionador. El proyecto fija multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial de la empresa. Es una cifra pensada para grandes infracciones y grandes operadores, no una tarifa plana.

Aquí está el matiz que evita el alarmismo: el texto incorpora criterios de proporcionalidad por tamaño. Es decir, la sanción se gradúa, y el tope de 35 millones marca el techo del sistema, no lo que le caería a un autónomo. Aun así, el dato es útil como señal: indica que el legislador ha querido un régimen con sanciones serias.

A quién afecta y por qué

El ámbito es amplio: alcanza a todo autónomo o pyme que desarrolle, comercialice o use IA en España. Eso incluye desde quien programa un modelo hasta quien simplemente integra una herramienta de IA en su negocio o la revende.

Dicho esto, el mensaje operativo hoy es de calma. Al tratarse de un proyecto, no hay nada que cumplir todavía, ningún registro que presentar ni ningún plazo que corra. Lo sensato es tomar nota de dos cosas: que la autoridad de referencia será la AESIA (con la AEPD en biometría) y que el marco sancionador apunta alto, pero con proporcionalidad.

Qué puede hacer el lector ahora

Poco y sin prisa, precisamente porque no es exigible. Tres pasos razonables:

• Identificar si tu actividad encaja en “desarrollar, comercializar o usar” IA. La mayoría de las micropymes que emplean herramientas de IA entran en la categoría de “usar”.
• Anotar quién será la autoridad (AESIA, y la AEPD en biometría) para saber dónde mirar cuando la ley avance.
• Seguir la tramitación en las Cortes antes de tomar decisiones, porque el texto todavía puede cambiar.

Lo que no se sabe

Conviene ser honesto con los límites. La nota del Ministerio confirma la aprobación del proyecto, la autoridad, el sandbox y el tope sancionador, pero deja fuera lo que más pesa en el día a día: no hay fecha de entrada en vigor, el texto final puede modificarse en el trámite parlamentario y los detalles de las obligaciones concretas por tipo de empresa se conocerán cuando la ley —si se aprueba— y su desarrollo estén cerrados. Cualquier cálculo de “qué tengo que hacer y para cuándo” es, hoy, prematuro.

Esto es información, no asesoramiento

Este artículo es información general basada en la nota de prensa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública citada como fuente. No sustituye el criterio de un asesor jurídico o fiscal, especialmente en un texto que aún está en tramitación y puede cambiar. Ante cualquier discrepancia, prevalecen la fuente oficial y el profesional que analice tu caso concreto.